Este trabajo, realizado por Mario Salomón, Mariano Rosell, Raúl Thomé, Hugo Albrieu, Jorge López, Santiago Ruiz Freites y Juan Yapura, fue presentado el 22 de Junio, habiendo sido previamente aprobado por el Comité de Evaluación del CONAGUA, para ser presentado dentro de la Comisión denominada Economía, Legislación y Administración de los Recursos Hídricos.
En el proceso histórico de aprovechamiento de tierras en Mendoza es imposible separar el agua del desarrollo y ordenamiento territorial, sin embargo asistimos actualmente a una escasa valoración del recurso hídrico como impulsor del eje económico-productivo.
Los oasis bajo riego ocupan menos del 3 % de la superficie provincial y en ellos se concentra el 91 % de la actividad económica y humana, siendo imprescindible considerar el acceso y capacidad de manejo del agua como un factor critico en el aprovechamiento territorial. La oferta promedio mundial de agua es de 7.400 m3 anual por habitante, la cual tiene una asignación muy heterogénea. En Mendoza, ésta se reduce a la mitad del promedio mundial y es más grave en la cuenca del Río Mendoza, con solo 1.560 m3/habitante/año. A su vez, existe un marcado déficit estacional durante los meses primaverales en que la demanda es superior a la oferta, que se agudiza en años “secos” como el presente. En el año hidrológico 2004-2005 una hectárea cultivada bajo riego en el Río Mendoza consumió anualmente 11.046 m3 contra 37.800 m3 de una hectárea urbanizada. Bajo estas tendencias, será muy difícil la supervivencia del modelo de desarrollo provincial adoptado sin una clara concepción política y técnica del ordenamiento territorial, que permita el uso adecuado y consensuado de los recursos en un esquema proyectivo de la Mendoza deseada.
En este contexto las organizaciones de usuarios del Río Mendoza, han realizado importantes aportes a Ley de Ordenamiento Territorial (8051) y al Plan Estratégico de Desarrollo como exigir: la realización efectiva del balance hídrico, el saneamiento de los derechos inscriptos y/o su recategorización, el respeto de las autonomías de las cuencas hidrográficas, la representación de los diversos usos del agua y la reformulación consensuada de los instrumentos que limitan la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH).
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